13/02/2025
El 30 de enero de 2025 entró en vigor el Real Decreto que regula los avales a propietarios de viviendas en alquiler, una medida anunciada por el Gobierno para proteger a los arrendadores ante los impagos y los posibles daños en las propiedades. Sin embargo, esta medida genera algunas incertidumbres y deja fuera a una parte significativa del mercado del alquiler.
El aval solo aplica a nuevos contratos
El sistema de avales públicos diseñado para proteger a los propietarios solo será aplicable a aquellos que firmen nuevos contratos de alquiler a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. Esto significa que los más de 3 millones de contratos de alquiler ya en vigor no podrán beneficiarse de este mecanismo de protección, lo que deja a muchos propietarios en una situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que tienen arrendamientos con inquilinos que puedan enfrentar dificultades para pagar.
Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, explica que este aval no se aplica de forma retroactiva, lo que significa que los propietarios con contratos existentes seguirán sumiendo los riesgos de impagos y daños en sus viviendas sin la posibilidad de acceder a las ayudas del nuevo sistema.
¿Quiénes pueden acceder al aval?
El aval está destinado a aquellos arrendadores cuyo precio de alquiler se encuentre dentro del rango determinado por el índice estatal de referencia al alquiler. Sin embargo, se estima que el 85% de los propietarios no podrán beneficiarse de esta medida, ya que sus rentas superan este límite. Esto reduce significativamente el alcance del sistema, dejando a muchos arrendadores sin acceso a una posible compensación por los impagos o desperfectos en las viviendas.
El proceso de compensación y los plazos
El aval podría ofrecer un respiro a los propietarios en caso de impagos, pero el proceso de solicitud no es inmediato. Según el Real Decreto, el propietario deberá presentar una solicitud para la compensación dentro de los seis meses posteriores a la recuperación de la posesión de la vivienda. Este proceso puede llevar un año o más, lo que significa que los arrendadores deberán asumir los costes derivados del impago durante ese tiempo, lo que puede afectar a su rentabilidad.
Conclusiones
El sistema de avales a propietarios propuesto por el Gobierno, aunque con buenas intenciones, tiene un alcance limitado y deja fuera a una gran parte del mercado del alquiler, lo que podría generar incertidumbre adicional en un contexto ya complejo para los arrendadores. Mientras tanto, la implementación de medidas que ofrezcan protección a los propietarios podría contribuir a mejorar la seguridad jurídica y fomentar la disponibilidad de viviendas en alquiler en el futuro.
