
06/02/2025
En 2024, la morosidad media en España fue de 7.957,6€, una subida del 4,23% con respecto al año anterior, lo que equivale a unos siete meses de alquiler. Aunque la deuda sigue creciendo año tras año, la moderación de este incremento se debe a la reducción de firmas de contratos debido a la caída de la oferta de alquiler. Esto afecta en gran medida tanto a propietarios como a inquilinos.
Así lo recoge el estudio “Situación de la morosidad en el alquiler en España en 2024”, realizado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
Este estudio señala las diferencias entre comunidades autónomas y provincias. Entre las comunidades con más morosidad se encuentran Cataluña (10.996,79€), Baleares (10.233,66€), la Comunidad de Madrid (9.812,96€) y País Vasco (8.372,91€). Estas regiones coinciden con las que tienen los precios de alquiler más altos. En el otro extremo se encuentran Asturias (4.718,02€), Castilla y León (4.321,93€), La Rioja (3.882,14€) y Extremadura (3.385,24€) como las regiones con menos morosidad del país.
Por provincias, Barcelona se sitúa a la cabeza con una deuda de 13.419,18€, seguido de Baleares (10.233,66€), o Guipúzcoa (9.833,71€), mientras que provincias como Soria (2.776€) y Zamora (2.695,34€) presentan las cifras más bajas.
ESFUERZO FINANCIERO E IMPAGOS EN EL ALQUILER
El esfuerzo financiero de los inquilinos está estrechamente relacionado con la morosidad. En aquellas ciudades donde más endeudamiento se registra, como Barcelona, Baleares o Madrid, es donde los inquilinos hacen mayor esfuerzo económico al pago del alquiler, destinando el 38% de sus ingresos al pago de las rentas.
¿QUÉ SUPONE ESTO PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS?
El aumento de la morosidad genera incertidumbre e inseguridad entre los propietarios que, muchas veces, dependen del alquiler como fuente de ingresos.
Por otro lado, los inquilinos también se ven afectados por esta situación. En algunas regiones el esfuerzo financiero que deben realizar para el pago del alquiler supera el 35% de sus ingresos, especialmente en zonas como Barcelona, Baleares y Guipúzcoa. Esto implica una mayor probabilidad de aumento de impagos y dificulta el acceso para muchas familias a una vivienda.